La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del congresista Jimmy Díaz, representante del departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador, por el presunto delito de contaminación ambiental relacionado con la explotación de un yacimiento minero.

"La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia envía a detención preventiva al congresista del Putumayo Jimmy H. Díaz, entre otros delitos por contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero", indicó la Corte en su cuenta de Twitter.

Según el alto tribunal, "la captura fue ejecutada por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía" y se trata de "una medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación".

Díaz, que fue gobernador del Putumayo entre 2012 y 2015, y alcalde de Mocoa, capital de dicho departamento, de 1994 a 1997, está acusado de los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación a favor de terceros, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, receptación y contaminación ambiental.

De acuerdo con la investigación de la Sala de Instrucción, los hechos en los que presuntamente está implicado el arquitecto ocurrieron durante el periodo en el que se desempeñó como gobernador.

La situación se relaciona con la extracción ilícita de oro mediante el dragado de los lechos de los ríos Caquetá y Putumayo, con lo que se generó la dispersión de materiales pesados que permanecían inertes en su estado natural.

Las pruebas determinaron que esa práctica ocasionó un daño medioambiental considerable en las fuentes hídricas, la flora y la fauna e incluso en los habitantes de la región, por lo que se tomó la decisión judicial en contra de Díaz.

El pasado 20 de junio Colombia dio un significativo paso en la protección de sus raudales al reconocer al río Cauca, el segundo en importancia del país, como "sujeto de derechos" a la protección y la conservación.

En un fallo considerado "histórico" por los ambientalistas, el Tribunal Superior de Medellín (noroeste) determinó que "el río Cauca, su cuenca y sus afluentes", que riegan 180 municipios de siete departamentos, son sujetos de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración.

En la sentencia, el Tribunal ordenó al Gobierno nacional ejercer la tutoría y representación legal de los derechos del río, en conjunto con las comunidades.

Además, el agua, la biodiversidad y el medioambiente fueron incorporados desde febrero de este año por el Gobierno colombiano a su nueva Política de Defensa y Seguridad, una hoja de ruta para responder a los desafíos y amenazas que enfrenta el país.

EFE